La UE aprieta las tuercas aún más a las inmobiliarias de lujo.
Deberán llevar un mayor control sobre el origen de los fondos utilizados para la compraventa de inmuebles, así como de todos sus clientes.El sector inmobiliario es, y ha sido siempre, uno de los más utilizados para el blanqueo de capitales, moviendo grandes cantidades de ‘dinero negro’. Se ha investigado en diversas ocasiones que el mercado inmobiliario de lujo se está utilizando con mayor frecuencia para realizar transacciones financieras sospechosas.
Es por ello que la Comisión Europea decidió endurecer las medidas orientadas a este sector. Uno de los cambios más importantes que se introdujo, es la inclusión como sujeto obligado de las empresas de gestión de alquileres, así como un incremento del control de las promotoras que se dedican fundamentalmente al mercado de lujo. Asimismo, endurece el régimen sancionador por incumplimiento de la normativa, de manera que las multas máximas pasan del 5% del patrimonio neto de la entidad al 10% del volumen de negocio consolidado del grupo y se refuerzan los sistemas de cooperación entre supervisores europeos dedicados a esta materia.
El caso en este sector, es especialmente complicado en España, ya que, por un lado, la transposición de la directiva que endurece específicamente los controles en este ámbito, ha llegado con retraso, y solo después de que la Comisión Europea amenazara con sancionar a España y llevarla ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y, por otro lado, el número de operaciones presuntamente fraudulentas se ha incrementado en consonancia con la recuperación del sector inmobiliario, según alertan desde el Sepblac.
Prueba de ello es la operación Majestic, que destapó una inversión de 200 millones de euros de dinero ilícito en un complejo de viviendas en 2015, año en el que comenzó lentamente la salida de la burbuja de la construcción.
Tal y como detallan fuentes del sector, además, también están volviendo los pagos en ‘b’, tan comunes antes de la crisis. Según el estudio ‘El verdadero precio de la vivienda en España’, un 10% del precio de las viviendas adquiridas en el boom del sector y durante los primeros años de crisis se pagó con dinero negro, lo que contribuyó a agravar la situación española.
Tal y como explican desde el Consejo General de Economistas, la economía sumergida en este país asciende a 168.000 millones de euros y la pérdida de recaudación que provoca es de unos 26.000 millones. No solo eso, el Sepblac tramitó 4.757 operaciones sospechosas de blanqueo en 2015, últimos datos disponibles, de las que un 7% correspondían a relacionadas con la COMPRAVENTA DE INMUEBLES.