La Audiencia Nacional investiga al diplomático por cobrar por informes ficticios a PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela, a través de Panamá y otros países latinoamericanos.
La Policía Nacional registró la mañana de 20 de mayo, varios registros por blanqueo de capitales en oficinas y casas vinculadas al expolítico socialista Raúl Morodo.
Raúl Modoro, quien fue embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El hijo de este, su socio y las mujeres de ambos, han sido detenidos, ya que, presuntamente les ayudaron a aflorar el dinero cobrado por dichos informes ficticios. Se les atribuye el blanqueo de al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Para aflorar los millones, los Morodo y sus compinches en la petrolera hicieron pasar los millones por Panamá y otros países latinoamericanos. Ahora anticorrupción les investiga por haber blanqueado en España esos cuatro millones saqueados a la petrolera venezolana, la principal industria de ese país, a cambio de fingidos asesoramientos legales.
Morodo es catedrático de Derecho Constitucional, fue uno de los fundadores del Partido Socialista Popular (PSP) junto a Enrique Tierno Galván, y está considerado una de las figuras claves de la transición democrática. Aunque figura entre los investigados y es uno de los cabecillas de la trama, la policía antiblanqueo de capitales (la denominada UDEF) no le ha detenido este lunes debido a su avanzada edad, 84 años.
Además, la investigación acredita que Alejo Morodo Cañeque, bajo la sombra de su padre, cobró, al menos, cuatro millones de euros de PDVSA a cambio de falsos asesoramientos realizados entre los años 2008 y 2013. La relación entre el gigante del petróleo venezolano y el hijo del embajador se inició precisamente después de que el diplomático socialista Raúl Morodo, investigado, aunque no detenido, dejara su puesto de embajador en Caracas.
El primer contrato entre la petrolera y Alejo Morodo se firmó el 18 de agosto de 2008. Se hizo entre Juan Carlos Márquez Cabrera, en representación de PDVSA, y la sociedad Aequitas Abogados Consultores Asociados SL, con domicilio en la madrileña calle Fortuny. En el documento se establecía que Alejo Morodo cobraría 700.000 euros (660.000 en concepto de honorarios profesionales y 40.000 por gastos reembolsables). El objeto de este y los siguientes contratos, todos firmados en Caracas, era, según su tenor, “la asesoría a la compañía del despacho de abogados de Alejo Morodo en sus actividades en España y Portugal para el continente europeo”. Ningún directivo de compañías españolas del sector petrolífero conoce las actividades de Morodo ni su vinculación con la petrolera.
Durante los años en que Alejo Morodo cobró de PDVSA, el presidente de la petrolera venezolana y ministro de Energía y Petróleos era Rafael Ramírez, exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas hasta su cese en 2017. Ramírez está siendo investigado por la Fiscalía de Venezuela por el saqueo de la petrolera durante su mandato.