Un total de 86 años y medio de cárcel ha impuesto la Audiencia Provincial de Barcelona a cuatro miembros de la red que vendía datos reservados (fiscales, laborales, sanitarios, etc.) de miles de personas físicas y empresas a agencias de detectives, compañías dedicadas a elaborar informes comerciales o aseguradoras. Las penas, por múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos, van desde los diez hasta los 38 años y medio de cárcel, aunque el cumplimiento no excederá de diez años y seis meses como máximo.

Los condenados son Fernando María Intxaustegui, funcionario del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Vizcaya; Francisco Javier Arenas, funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda; Felipe Molina, funcionario de Vigilancia Aduanera; y María del Carmen Romera. Los tres primeros habrían filtrado datos fiscales del Departamento de Hacienda de la Diputación de Vizcaya y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mientras que la última habría accedido, a través de intermediarios, a las bases de datos de la Seguridad Social. Algunos de los funcionarios cobraron un mínimo de 1.500 euros por cada informe personal que facilitaban, mientras que otros han sido condenados a pesar de que no se acreditó que recibieran contraprestación económica ya que eran conscientes, según el tribunal, de lo ilícito de su conducta.

El juicio, celebrado entre el 26 de febrero y el 19 de abril en Barcelona, es consecuencia de la Operación Pitiusa, que entre 2012 y 2013 desarticuló una red de compraventa masiva de datos personales con ramificaciones en toda España y en la que fueron detenidas o imputadas 150 personas. Se trata solo de una de las nueve piezas en que se troceó la investigación, que incluyó pinchazos telefónicos e incautación de archivos informáticos.

El máximo responsable de la trama, el detective asturiano Juan Antonio Rama Menéndez, no se ha sentado en el baquillo, ya que falleció en enero de 2014, pocos días antes de declarar ante el juez. A cambio de una comisión, Rama vendía la información que le filtraban funcionaros con acceso a bancos de datos de las administraciones públicas. Entre los espiados figuraron Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, o Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El tribunal ha absuelto a otros siete acusados, entre ellos un agente de la Guardia Civil destinado en Álava que facilitó a miembros de la red los datos de matrícula de un vehículo. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, subraya que la sentencia rechaza que su comportamiento fuese constitutivo de delito.

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