El Compliance hace del “más vale prevenir que curar” ley

El Compliance ya era tema candente en 2015, pero resulta preocupante que actualmente parezca el nuevo bitcoin o blockchain del 2018, un tema especialmente complejo, convertido en moda, del que todo el mundo habla, pocos entienden y muchos pontifican. Para bueno o para malo, el Compliance no es una burbuja y en los últimos días hemos visto al grupo político Ciudadanos presentando ante el congreso de los diputados una PNL (Proposición no de ley), que si bien seguro tiene la mejor de las intenciones, no atiende ni comprende el carácter especifico y diferencial del ámbito deportivo.

 

El Compliance en el ámbito deportivo, consiste en instaurar políticas adecuadas y suficientes para garantizar que una entidad deportiva, así como los directivos y empleados de las mismas, cumplan con el marco normativo aplicable. Un instrumento para prevenir, controlar y descubrir conductas ilícitas además de minimizar los riesgos legales en el supuesto de que estos delitos finalmente se produzcan.

 

De forma muy breve, para no caer en lo reiterativo sobre esta materia pero por tener un contexto básico, es importante tener en cuenta los principales hitos normativos que regulan esta cuestión. La ley 5/2010, introdujo como novedad la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en su articulo 31 bis, pero no es hasta 2015, con la Ley orgánica 1/2015 cuando un mejor diseño de la figura del Compliance permite definirlo como instrumento para disminuir o eliminar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ultimo el pasado mayo de 2017 se aprobó la norma UNE 19601 de AENOR sobre sistemas de gestión de Compliance Penal que establece los requisitos de un correcto programa de Compliance. Esta receta no exime automáticamente de responsabilidad penal, pero sin duda acredita una actuación diligente y acorde a modelos de buenas practicas aceptados mundialmente.

 

Una vez sentados estos esbozos, no deja de llamar la atención la PNL presentada por el grupo Ciudadanos, en la que hablan de la creación de un Observatorio para la Transparencia e Integridad en el deporte, dependiente de una Autoridad Independiente de la Integridad Pública. El deporte no necesita un nuevo órgano que añada burocracia, abogar por una reforma de la ley del deporte de 1990 como proponen desde el partido de Albert Rivera, es atacar una fortaleza por donde sus muros y defensas son más robustas y el objetivo final que persiguen, de transparencia y limpieza se puede alcanzar de forma mucho más eficaz concienciando, incentivando y desarrollando programas de Compliance en todas las federaciones y entidades deportivas. Se debe desarrollar un mapa de riesgos propio del ámbito deportivo y actuaciones de prevención y control acordes, tal y como me consta se están desarrollando en muchas de estas entidades, aunque bien es cierto que este proceso se esta desarrollado de forma un poco lenta.

 

Aún así, lo que no puede ni se debe hacer, es caer en el sensacionalismo de los casos de portada como el Caso Neymar, el del Osasuna o más recientes como los que han afectado a algunas de las federaciones nacionales más importantes de nuestro país. No se debe legislar en caliente por muchos motivos, pero el principal es que no es efectivo. Es fundamental responder a las especificidades del sector deportivo y más aún me atrevería a afirmar, de cada federación o entidad tal y como se destaca en la circular 1/2016 de 22 de enero de la Fiscalía General del Estado en donde se recalca que no basta con la existencia de un  programa, sino que este debe adecuarse a cada entidad y sus riesgos concretos.

 

Por estos motivos, considero de vital importancia para poder alcanzar los objetivos finales, que tanto Ciudadanos como el resto de formaciones políticas escuchen y cuenten con los principales responsables de las Federaciones y entidades deportivas. Estos responsables, no son ni mucho menos el enemigo y en su inmensa mayoría son grandes profesionales conocedores de su ámbito profesional y probablemente los principales interesados en la implantación correcta de estos programas. Su colaboración e implicación es fundamental para que el programa de Compliance sea un verdadero instrumento de buen gobierno y no papel mojado.

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