Más vale tarde que nunca. El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional ha decidido tomar cartas en el asunto de lo que define como “oscuros rincones” de la débil gestión de gobierno y la corrupción. Para ello ampliará e institucionalizará el marco orientativo publicado en 1997 con el objetivo de establecer una interacción “sistémica, imparcial, eficaz y franca con sus países miembros”.
Los funcionarios de la institución liderada por Christine Lagarde han concluido que la corrupción se ha convertido en una lacra a la hora de lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible, especialmente en países en los que los sobornos o el lavado de dinero, por mencionar algunas formas de libertinaje, se han acomodado como parte del sistema de gestión.
“Todos sabemos que el arraigo de la corrupción es económicamente perniciosa y socava la capacidad de los países para lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible”, reconoció la propia Lagarde en un post en el blog de la institución.
En el mismo, la directora gerente del FMI incidió en que para ser verdaderamente efectivas, las estrategias anticorrupción deben ir más allá de meter a los culpables en la cárcel. “Requieren reformas normativas e institucionales más amplias, ya que al fin y al cabo la cura más duradera para la corrupción son instituciones fuertes, transparentes y responsables”, aclaró.
El estudio publicado el domingo por el Fondo, que la semana pasada celebró su asamblea de primavera, pone de manifiesto que los niveles elevados de corrupción están asociados a niveles considerablemente más bajos de crecimiento, inversión e ingresos tributarios.
De hecho, en los cálculos elaborados por el FMI, podemos descubrir como un descenso del percentil 50 al percentil 25 en un índice de corrupción o de gestión de gobierno suele ir de la mano con a una caída del crecimiento del PIB per cápita de medio punto porcentual o más y a una reducción de entre el 1,5% y el 2% en lo que a la relación entre la inversión y el PIB se refiere.
Es por ello que a partir de ahora, los funcionarios del Fondo llevarán a cabo una evaluación periódica sobre la naturaleza y la gravedad de las deficiencias en materia de gestión de gobierno, donde se analizarán aspectos tales como aspectos fiscales, supervisión del sector financiero, del banco central, regulación del mercado, del Estado de derecho y la lucha contra el lavado de dinero así como la financiación del terrorismo.
Una vez concluida esta evaluación, el siguiente paso de los expertos del FMI consistirá en evaluar el impacto económico de las deficiencias de gestión de gobierno detectadas y presentar recomendaciones en materia de políticas.
Paralelamente, el organismo también podrá reservarse el derecho de cancelar o retrasar sus líneas de crédito y programas de ayuda a los países donde considere que la corrupción es un riesgo económico. De esta forma, se obligaría a los mismos a imponer las medidas que el FMI considere apropiadas para poner solución al problema.
Además, para combatir la corrupción con éxito, el FMI incide en que también es necesario abordar la forma en que las personas o entidades privadas facilitan este tipo de prácticas. De ahí que anime a sus países miembros a que sometan sus marcos jurídicos e institucionales a una evaluación voluntaria como parte de la supervisión, a fin de determinar si los actos de soborno del exterior están tipificados como delito y son enjuiciables y si existen mecanismos para detener el lavado de dinero y esconder dinero negro.
Eso sí, el FMI sólo sacará los colores de los países miembros donde realmente observe que la corrupción y la mala gestión pública supongan un impacto directo y un lastre para el crecimiento económico.
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