El Gobierno traspone la directiva europea de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un Real Decreto de urgencia para aprobar la trasposición de tres directivas europeas, entre las que se encuentra la de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del año 2015, cuya aprobación por parte de España estaba sometida a un periodo de ultimátum otorgado por la Comisión Europea, ya que los Estados miembros debían trasponerla antes del 26 de junio de 2017.

Hasta el momento, España solo había traspuesto esta directiva de forma parcial, si bien quedaban elementos pendientes, por lo que Bruselas le envió a finales de julio un ultimátum de dos meses bajo la amenaza de llevar al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

El nuevo Real Decreto traspone los elementos pendientes de la cuarta directiva de prevención de blanqueo de capitales, que incluyen medidas orientadas a incentivar las denuncias de particulares y a aumentar los límites máximos de las sanciones, luchando contra los flujos de origen ilícito, y modifica la ley española de 2010.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha lamentado, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que el actual Gobierno de Pedro Sánchez –de “clarísima vocación europeísta”– encontró “arrugadas en cajones de los ministerios” varias directivas de importancia que no habían sido traspuestas y que, además, ponían a España en riesgo de multa por parte de la Comisión Europea.

Con la trasposición aprobada este viernes, se unifica la aplicación de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras. Asimismo, se mantiene la clasificación existente en el régimen de sanciones, aunque se incrementan los límites máximos y se realizan ajustes en materia de publicidad.

Incentivar denuncias

Por otro lado, contempla la creación de canales de denuncia tanto públicos como en el ámbito de los propios sujetos obligados de la ley para estimular las denuncias de particulares, y se establece la obligatoriedad de crear un registro de prestadores de servicios a sociedades.

Finalmente, la norma exige específicamente a los sujetos obligados que apliquen medidas de diligencia reforzada respecto de las relaciones de negocio que mantengan con personas o entidades relacionadas con los países que la Comisión Europea ha determinado que tienen deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.

Según ha indicado la portavoz del Gobierno, la nueva norma incrementa los requerimientos de datos de las personas que transfieren fondos de un país de la UE a otro para identificar su origen y combatir, así, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

“Se trata, fundamentalmente, de trabajar con las entidades bancarias, con todas esas instituciones que pueden captar recursos en un país y en otro y cuyo origen no es del todo conocido. Actúa sobre la licitud pidiendo muchísimos más datos de aquella persona que está trasladando esos fondos de un país a otro, de una entidad a otra”, ha explicado Celaá.