Los asesores fiscales deberán informar de prácticas sospechosas de elusión

La Unión Europea aprieta otra tuerca sobre la elusión y la evasión fiscal y amplía las obligaciones de un buen número de profesionales. A partir de 2020, todo aquel que entre en la categoría de “intermediario” fiscal estará obligado a reportar estructuras fiscales que utilicen filiales y empresas en varios países y que sean sospechosas de ser utilizadas para reducir de forma agresiva el pago de impuestos. De lo contrario se le aplicarán sanciones. Esta información irá a una base de datos centralizada a la que tendrán acceso las administraciones tributarias de los 28 Estados Miembros de la UE.

Así lo acordó ayer el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin), a instancias de una propuesta inicial que la Comisión Europea planteó en junio de 2017. Para ser un asunto de fiscalidad, que requiere unanimidad de los gobiernos, se trata de una aprobación en tiempo récord.

Habrá que esperar a cómo lo traspone finalmente cada Gobierno (tienen hasta el 31 de diciembre de 2019), pero en principio la definición de “intermediario” que aparece en la directiva es bastante amplia. Todo aquel que “diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución o gestione la ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación.”. Y añade: “También se refiere a cualquier persona que […] sabe o cabe razonablemente presumir que sabe que ha emprendido acciones para prestar, directamente o por medio de otras personas, ayuda, asistencia o asesoramiento con respecto al diseño, comercialización, organización, puesta a disposición para su ejecución o gestión de la ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación”.

Solo estarían exentos aquellos que, según la legislación de cada país, estén obligados a guardar secreto profesional. Román Escolano, ministro de Economía español, citó concretamente a “bancos, contables, asesores fiscales o abogados” .

En cuanto a las sanciones, el acuerdo alcanzado ayer deja en manos de cada país la definición de estas sanciones, pero obliga a que estas sean “proporcionales” y “disuasorias”. En caso de que no se cumplan estas condiciones, la Comisión Europea podría llevar al Estado en cuestión ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La propuesta lleva el sello personal de Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, que aprovechó el revuelo generado por las investigaciones periodísticas sobre prácticas fiscales agresivas, como los Panamá Papers, para impulsar la agenda de la UE contra la elusión y la evasión fiscal. “Cuando la voluntad política está ahí, y también la presión política, podemos tomar decisiones rápido”, afirmaba ayer mismo Moscovici ante un grupo de periodistas.

En Bruselas se especula que el comisario francés, socialista, aspira a ser el candidato de los socialdemócratas europeos para presidir la Comisión Europea tras las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019. Medidas como la aprobada ayer ayudan a armar un perfil político de centro-izquierda.

Lista de paraísos fiscales

Por otra parte, el Ecofin aprobó ayer altas y bajas en la lista negra de paraísos fiscales. Entre los que entraron: Bahamas, las islas Vírgenes de los Estados Unidos y las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves. En cambio, pasaron de la lista negra a la lista gris Baréin, Santa Lucía y las islas Marshall.

Los países pasan a la lista gris si se comprometen por escrito a hacer una serie de cambios legislativos en su marco fiscal. Sin embargo, si estos no cumplen lo prometido, volverán a ser incluidos en la lista negra.