Así lo indicó a Servimedia el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, quien planteó la publicación de esta información como una alternativa “más factible” a una publicación generalizada de los datos de todos aquellos que se acogieran a la amnistía, ya que, en su opinión, esta segunda opción podría dar lugar a un conflicto legal.

En concreto, Mollinedo explicó que anteriormente Gestha sí pidió la publicación generalizada, pero que ahora, una vez la norma ya fue aprobada y ejecutada, dicha publicación, aunque podría responder al “interés general”, rompería con el principio de confidencialidad que la amnistía ofrecía, por lo que podría originar un conflicto que requiriese un posicionamiento por parte del Tribunal Constitucional. Por ello, recomienda al nuevo Gobierno “ser un poco más ingenioso” y publicar la identidad de aquellos que, a raíz de la amnistía, “hubo una comprobación o una investigación que ha determinado la existencia de un fraude tributario o de blanqueo de capitales”.

Durante los años de Gobierno del Partido Popular, la oposición, con el PSOE a la cabeza, ha pedido en numerosas ocasiones que se hiciera pública la lista de todas las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía de 2012. De hecho, en noviembre de 2017 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con los votos de, entre otros grupos, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, una proposición no de ley en la que se instaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy a publicar dicha información.

En el mismo sentido, cabe recordar que el propio Pleno del Congreso también reprobó en junio de 2017 al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por ser el ministro que impulsó la amnistía, cuando ésta fue declarada como inconstitucional y nula por el Tribunal Constitucional. Dicha sentencia, sin embargo, determinó que, de acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la decisión del tribunal no afectara a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la amnistía.

Además, sobre la publicación de este tipo de informaciones, Mollinedo recuerda que ya existen antecedentes similares como la publicación por parte de la Agencia Tributaria de las listas de morosos que deben más de un millón de euros a la Administración.

PRESCRIPCIÓN DE DELITOS

Por otra parte, Gestha también reclamó al nuevo Gobierno que amplíe el plazo de prescripción administrativa, es decir, el tiempo que la Administración tiene para investigar y sancionar los delitos, actualmente de cuatro años, con la prescripción penal, de cinco años o diez en caso de delito agravado.

Además, Mollinedo subrayó la necesidad de unificar los umbrales a partir de los cuales se establecen los distintos delitos fiscales. En concreto, recomienda situar en 50.000 euros el umbral para todos los tipos de fraude fiscal y en 120.000 euros para los delitos agravados.

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